En la época Republicana, se crea el Departamento del Beni en 1842 con tres provincias: Caupolicán, Yuracaré y Moxos. La provincia Caupolicán llegaba hasta Apolo, es decir todo Alto Beni pertenecía al Beni. Ahora nuestro límite es el río Quiquibey. Sin embargo, los pobladores de Yucumo, tienen la intención de convertirse en un nuevo municipio para administrar esta área y las comunidades campesinas sobre la carretera Yucumo -Rurrenabaque. Se debe apoyar a la Alcaldía de San Borja para que esta ambición de Yucumo no prospere, caso contrario tendríamos otro San Julián en el Beni.

La provincia Moxos llegaba hasta la frontera con Chiquitos y Guarayos pertenecía al Beni. Sin embargo, Santa Cruz avanzó en su frontera incluyendo a Guarayos. Con Santa Cruz no hubo problema limítrofe, pues la ley del 28 de noviembre de 1914 fija los hitos desde la Cachuela Chapacure hasta el Itenez, quedando Piso Firme en la Jurisdicción del Beni. Sin embargo, Santa Cruz queriendo expandir sus fronteras manipuló los hitos e hizo creer a la nación que Piso Firme les pertenecía, incluso movilizó familias chiquitanas para fortalecer el asentamiento comunal y puedan hacer flamear su bandera.

El Beni, apelando a datos cartográficos e históricos por muchos años reclamó su derecho, pero las autoridades cruceñas invirtieron recursos para consolidar la comunidad de Piso Firme. La falta de inversión y atención de las autoridades benianas estaban dando lugar a que Santa Cruz se sintiera dueño de Piso Firme. Pero gracias a la Acción Popular que presentara el actual Gobernador y su equipo técnico, se logró que se respete el Derecho del Beni a través de pruebas cartográficas e históricas, y que el asiento electoral y los recursos de coparticipación vuelvan al Beni. De esta manera hemos hecho respetar un límite que ya estaba definido desde 1914 pero que Santa Cruz se lo quería apropiar.

Ahora esperamos que las autoridades departamentales y el municipio de Baures, inviertan y tengan presencia en PISO FIRME para consolidar nuestro derecho propietario.

Por otra parte, la provincia Yuracaré llegaba hasta Chimoré. El gobernador de Mojos, Matías Carrasco en 1851 pidió su anexión de las montañas de Yuracarés a Cochabamba porque estaban a “enorme distancia”, (150 leguas de Trinidad) y era difícil administrarla y estando a tan solo 36 leguas de Cochabamba era mejor pasen a jurisdicción de este departamento.  Esta decisión, dio inicio a las ambiciones expansionistas de Cochabamba. Por no conocer bien la historia, alguna autoridad municipal puso el nombre a una calle de Trinidad, Prefecto Carrasco, pero el Prof. Arnaldo Lijerón indicó enfáticamente que: “una calle no puede llevar el nombre de un traidor a los sagrados intereses del Beni, y rápido borraron el nombre, ahora la calle se llama Melitón Villavicencio.

De esta manera, poco a poco Cochabamba va creando nuevas provincias como la del Chapare (10 de junio de 1854) y se fue apropiando de las tierras que históricamente le pertenecen al Beni. Si bien ya en la época colonial se inicia la penetración cochabambina en la parte sur del Beni, en la época republicana se intensifica con el proceso de colonización de la Amazonía, otorgando concesiones a empresas madereras, petroleras y ofreciendo tierras a mineros y colonos que los han utilizado como punta de lanza para sus pretensiones expansionistas. A través de esta arremetida crean el “trópico cochabambino”, que según la Tesis del Lic. Arnaldo Lijerón Casanovas es una “Brutal falacia cartográfica”, pues Cochabamba en su creación no tenía trópico.

En 1973 Cochabamba intenta dar una solución convocando a los dos Prefectos y al Ministerio de Gobierno para que a puertas cerradas se definan los límites interdepartamentales. Pero al enterarse el Comité Cívico del Beni, declara la primera huelga general al Gobierno de Banzer, exigiendo un Decreto Supremo para conformar una Comisión Paritaria de Límites. Con esta acción social, se consigue parar las ambiciones de Cochabamba. Desde 1973, Cochabamba ha intentado sorprender al Beni apelando a los tres Órganos del Estado: Al Ejecutivo (1973), al Legislativo (1980 y 1984) y al Judicial, donde Cochabamba interpuso una demanda contra el Beni ante la Corte Suprema de Justicia, en la que pretendía despojarnos de cerca de 50.000 kms (abril de 1990). Esta última arremetida, motivó la creación del Comité de Defensa de la Integridad Territorial, que se dedicó por completo a investigar los límites de la antigua provincia Yuracaré del actual Beni y con argumentos históricos, jurídicos y cartográficos se ha rebatido las interpretaciones sesgadas y las suposiciones cartográficas que maneja el Comité de límites de Cochabamba.

El Beni siempre estuvo a la defensiva, pero desde 1998 pasa a la ofensiva entregando públicamente a la H. Cámara de Senadores (16 de noviembre de 1998) el Proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Supremo del 10 de junio de 1854 donde Cochabamba crea la provincia Chapare. Se conformaron dos comisiones, pero Cochabamba no asistió y el proyecto no prospero hasta ahora.

El 2005 se propició una reunión en Trinidad con la participación de los dos Prefectos, para buscar solucionar el problema limítrofe. Sin embargo, esta apertura de diálogo se frenó por las nuevas políticas gubernamentales y departamentales a partir de 2006 hasta ahora, que de manera unilateral han favorecido al Departamento de Cochabamba y ha consolidado sus nuevas provincias y secciones municipales en “el trópico de Cochabamba”, afectando directamente al TIPNIS.

Existen tres vías para solucionar el conflicto limítrofe entre Beni y Cochabamba. Primero, reactivar la demanda que hizo el Beni al Senado Nacional en 1998 y que aprueben una ley interpretativa de los límites entre Beni y Cochabamba. El segundo sería demandar la delimitación a través del proceso administrativo que es la actual Ley de Unidades Político Administrativas (Ley UPAs), a través de la Corte Suprema de Justicia cuyo fallo es inapelable. Tercero, fortalecer las fronteras humanas, las comunidades indígenas asentadas en el TIPNIS, que hasta hoy se han convertido en los únicos defensores del Beni, sin medios ni servicios básicos.

Por tanto, es necesario emplear una política agresiva, para contrarrestar la inversión millonaria que realiza Cochabamba para seguir expandiéndose. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben empezar a prestar servicios a los comunarios del TIPNIS, ejecutando proyectos productivos, programas de salud, educación técnica y superior para evitar la migración de los jóvenes, establecer institutos de investigación en Ciencias Sociales, Biología, Agropecuaria e Hidrología. De esta manera sentamos soberanía sobre nuestro territorio y exigimos respeto a nuestros limites interdepartamentales.