«Estos problemas han ocasionado que el Estado, equivocadamente, emita una serie de normativas que más bien tienden a llevarnos a un problema mayor aparte de lo que ya tenemos», afirmó Paz refiriéndose al Decreto 5203, vigente en la actualidad. «Creemos que el camino correcto es derogar para poder dejar protegido al productor», subrayó.

Paz destacó que dicho decreto se enfoca en la imposición de multas que considera «abusivas y arbitrarias», advirtiendo que estas medidas podrían resultar en la expropiación de tierras de los productores. Además, hizo hincapié en la necesidad de derogar dos decretos adicionales, el 337 y el 1171, que también afectan negativamente al sector agropecuario.

En particular, el Decreto 1171 ha estado en pausa debido a la falta de una reglamentación adecuada por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), lo que ha impedido su implementación efectiva.

«Ese decreto ha estado estancado por la falta de una reglamentación que regule todo el sistema de trabajo en el campo», señaló Paz.

Sobre las quemas controladas, enfatizó que los productores del Beni tienen experiencia en su manejo y regulación. Sin embargo, la sequía prolongada ha exacerbado el estrés hídrico en la región, situación agravada por la vigencia del Decreto 5203.

«Este decreto está ocasionando un problema terrible, porque atenta contra la seguridad jurídica que tienen los ganaderos y productores», concluyó Paz, reflejando la gran inquietud del sector productivo en el departamento del Beni.