La tajante postura del vocal del TDJ Beni, Charly Mejía —quien advirtió que administrar justicia por WhatsApp o desde el extranjero es un "atentado" y abandono de funciones— abre un profundo debate constitucional en Bolivia. ¿Existe una doble vara jurídica entre el ejercicio de la judicatura y el poder político del Ejecutivo?
EL DEBATE EN LA PALESTRA
Las declaraciones del vocal Charly Mejía sobre la inviabilidad de ejercer cargos jurisdiccionales a distancia (a raíz de la situación del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo) han puesto sobre la mesa una contradicción legal e institucional de alto voltaje que cruza la arena política y judicial del país: **el principio de presencia física y responsabilidad en el ejercicio del poder público.**
Si la ley y la lógica jurídica determinan que un juez o magistrado —como parte de un tribunal de cierre— no puede evaluar expedientes, revisar pruebas ni impartir justicia mediante un teléfono celular o desde el autoexilio, surge una pregunta incómoda y directa para el poder político:
> **Si un magistrado del TSJ no puede administrar justicia a distancia, ¿por qué el presidente Rodrigo Paz Pereira podría gobernar o delegar funciones amparado en un simple decreto? ¿Basta una norma reglamentaria para validar la ausencia física en el timón del Estado?**
LOS DOS LADOS DEL CONTRASTE CONSTITUCIONAL
Para abrir el debate de manera rigurosa, es necesario contrastar la naturaleza de ambos cargos bajo el ordenamiento jurídico boliviano:
1. El rigor de la judicatura: El juez como garante presencia*
* **El argumento de Charly Mejía:** Un juez no es un simple emisor de directrices; es un fedatario directo de la prueba y del derecho. La Constitución y las leyes orgánicas del Órgano Judicial exigen inmediación, contacto directo con los expedientes y un despacho físico.
* **La consecuencia:** Despachar desde el extranjero o por vías telemáticas informales no solo carece de respaldo legal, sino que configura —según el criterio de varios juristas— tipos penales como el **abandono de funciones** e incumplimiento de deberes, ya que vulnera el derecho ciudadano a una tutela judicial efectiva.
2. La naturaleza del Poder Ejecutivo y el "Gobierno por Decreto
* **El marco del Presidente:** A diferencia de un juez (cuyo mandato de inmediación es inquebrantable), el Órgano Ejecutivo cuenta con una estructura jerárquica de ministros, viceministros y la propia figura de la sucesión constitucional o delegación temporal de funciones en casos tasados por la Constitución Política del Estado (CPE).
* **El límite del decreto:** Si bien el Ejecutivo puede reorganizar la administración mediante decretos supremos, surge la colisión ética y constitucional cuando se pretende vaciar de contenido la presencialidad del primer mandatario o gobernar mediante baches institucionales. Ningún decreto supremo puede estar por encima de la Constitución ni puede legitimar un vacío de poder o una administración extraterritorial indefinida sin los contrapesos que exige la Ley Fundamental.
EL FONDO DEL PROBLEMA: LA LEGALIDAD A LA MEDIDA
El quid del debate que plantea la ciudadanía y los analistas jurídicos no es meramente técnico, sino político: **la legitimidad del poder.**
Mientras que al operador de justicia se le exige —con justa razón— rigor presencial, ética y apego estricto al expediente bajo la amenaza de procesos penales inmediatos, en la esfera política a menudo se intenta normalizar la administración del Estado mediante atajos normativos, decretos reglamentarios o licencias de dudosa constitucionalidad.
La advertencia de Mejía trasciende el caso particular de Romer Saucedo y desnuda una crisis sistémica: **en Bolivia, la ley parece ser implacable para los jueces que huyen, pero flexible cuando se trata de acomodar las normas del poder político.**