TRINIDAD, 21 de noviembre de 2026. Una controversia sobre el futuro de aproximadamente siete millones de hectáreas de humedales ha vuelto a colocar al Beni en el centro del debate nacional sobre conservación ambiental y desarrollo productivo. La elaboración de un Reglamento General para la Gestión de Sitios Ramsar genera inquietud entre los ganaderos, que reclaman garantías para continuar sus actividades, mientras el Gobierno nacional sostiene que la propuesta no contempla nuevas prohibiciones.
La discusión adquiere especial importancia en un departamento donde la ganadería constituye una actividad económica tradicional y donde las características de las pampas, los ríos y las áreas inundables condicionan tanto la producción como la conservación ambiental.
La Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) advirtió en abril de este año que los procesos de delimitación y regulación de sitios Ramsar podrían comprometer el desarrollo productivo y la seguridad jurídica de los propietarios rurales. Según la estimación difundida entonces por el sector, las áreas involucradas alcanzan aproximadamente siete millones de hectáreas.
Sin embargo, esa superficie no equivale a siete millones de hectáreas recientemente prohibidas para la ganadería. Corresponde a una preocupación gremial sobre el alcance territorial de las disposiciones ambientales y sus posibles consecuencias.
Los sitios Ramsar son humedales reconocidos internacionalmente por su importancia ecológica. Su designación responde a la Convención sobre los Humedales, un tratado que compromete a los Estados a conservar estos ecosistemas y promover su uso racional.
Bolivia cuenta con once sitios Ramsar que abarcan, en conjunto, más de 14,8 millones de hectáreas. Tres de ellos se encuentran en el Beni: Río Blanco, Río Matos y Río Yata.
De acuerdo con la información recogida por la jurisprudencia constitucional boliviana, Río Blanco comprende aproximadamente 2,4 millones de hectáreas; Río Matos, 1,7 millones; y Río Yata, 2,8 millones. En conjunto, las tres designaciones suman cerca de 6,95 millones de hectáreas.
Esta extensión explica la preocupación territorial del sector ganadero, aunque no permite establecer por sí sola cuántas propiedades productivas se encuentran dentro de los límites ni qué actividades podrían verse afectadas.
La controversia se intensificó ante la elaboración del reglamento nacional, cuyo alcance todavía requiere una revisión pública detallada de su articulado.
Este 21 de noviembre, el Viceministerio de Medio Ambiente, Cambio Climático, Desarrollo Forestal y Biodiversidad emitió una aclaración destinada a responder las inquietudes del sector productivo.
La autoridad señaló que un sitio Ramsar no se convierte automáticamente en área protegida por su reconocimiento internacional, debido a que ambas figuras poseen características y regímenes jurídicos diferentes.
También sostuvo que la propuesta de reglamento no establece nuevas restricciones para la ganadería del Beni ni requisitos adicionales sobre el uso de la tierra.
Según la explicación oficial, el instrumento busca establecer reglas claras, brindar seguridad jurídica y promover una gestión de los humedales compatible con las actividades económicas sostenibles.
El Viceministerio aseguró que se respetarán los derechos establecidos y las normas vigentes, entre ellas la Ley Forestal 1700, la Ley de Medio Ambiente 1333, los Planes de Uso del Suelo y los Planes de Ordenamiento Predial.
La aclaración gubernamental responde a una de las principales inquietudes de Fegabeni: la posibilidad de que nuevas disposiciones ambientales generen limitaciones adicionales sobre actividades productivas desarrolladas en terrenos sujetos a regulación territorial.
Pero la controversia no queda resuelta únicamente con una declaración institucional.
Para determinar si existen riesgos concretos para los productores es indispensable conocer el texto íntegro del reglamento, identificar las obligaciones previstas, establecer las autoridades responsables de aplicarlas y verificar cómo se resolverían posibles contradicciones con instrumentos territoriales existentes.
Uno de esos instrumentos es el Plan de Uso del Suelo del Beni (PLUS), aprobado mediante la Ley Departamental 093 de 2019.
El PLUS constituye una referencia fundamental para orientar las actividades productivas y el aprovechamiento territorial según las características de los suelos y las condiciones ambientales del departamento.
Por ello, la relación entre este instrumento departamental y la futura reglamentación nacional es uno de los aspectos que requiere mayor claridad jurídica.
La preocupación no se limita al reconocimiento de los humedales, que existe desde hace años, sino a las consecuencias administrativas y productivas que podrían derivarse de su gestión.
Entre las cuestiones pendientes se encuentran la compatibilidad de actividades ganaderas y agrícolas, los procedimientos de autorización, la eventual aplicación de planes de manejo y la participación de productores, comunidades indígenas y autoridades territoriales en las decisiones.
También resulta necesario establecer si el reglamento introduce obligaciones nuevas o si solamente organiza y precisa disposiciones ya existentes.
El conflicto tiene, además, antecedentes judiciales.
La Sentencia Constitucional Plurinacional 0756/2024-S1 examinó las obligaciones de protección de los sitios Ramsar en Bolivia y recordó los compromisos asumidos por el Estado en materia de conservación de humedales.
Esto significa que la discusión no puede reducirse a una oposición entre producir o conservar. El Estado tiene responsabilidades ambientales, mientras las actividades económicas requieren reglas previsibles y compatibles con el marco legal.
En el Beni, esa relación resulta particularmente compleja por las características naturales de las pampas inundables, donde la presencia estacional del agua forma parte del funcionamiento de los ecosistemas y condiciona las prácticas productivas.
Los humedales cumplen funciones vinculadas con la regulación hídrica, la biodiversidad y el mantenimiento de recursos naturales. Al mismo tiempo, extensas áreas del territorio sostienen actividades económicas y formas de vida de comunidades rurales.
La necesidad de compatibilizar ambas realidades exige información científica, delimitaciones precisas y mecanismos de participación que permitan evaluar las condiciones particulares de cada zona.
El debate también llegó a los espacios institucionales departamentales. En octubre, la Gobernación del Beni informó que la Comisión Agraria Departamental había previsto tratar el PLUS y las normativas ambientales en una siguiente sesión, como parte de su agenda sobre ordenamiento territorial y seguridad jurídica.
Este antecedente evidencia que la discusión sobre el aprovechamiento de la tierra involucra tanto a las autoridades nacionales como a las departamentales, los productores y otros sectores vinculados al territorio.
Para Fegabeni, el desafío consiste en evitar que la reglamentación ambiental se traduzca en incertidumbre para las inversiones y las actividades ganaderas. Para el Gobierno, el objetivo declarado es garantizar la conservación de los humedales sin impedir las actividades económicas compatibles con su cuidado.
Ambas posiciones deben contrastarse con el contenido efectivo de la futura norma.
Hasta el momento, la información pública examinada por este periódico no permite afirmar que el presidente Rodrigo Paz haya promulgado un decreto específico que prohíba la ganadería o la agricultura en los sitios Ramsar del Beni.
Lo que existe es una propuesta reglamentaria en discusión, una preocupación expresada por el sector productivo y una respuesta oficial que niega la creación de nuevas restricciones.
La diferencia es sustancial.
Si el reglamento mantiene las condiciones actuales, corresponde explicar qué disposiciones las garantizan. Si modifica procedimientos, competencias u obligaciones, debe precisarse cuáles son esos cambios y a quiénes alcanzarían.
También será importante conocer si las autoridades prevén procesos de consulta, mecanismos de coordinación con la Gobernación y procedimientos para resolver controversias sobre usos del suelo.
En un departamento que acaba de conmemorar sus 184 años de creación, la discusión adquiere una dimensión estratégica. El Beni necesita fortalecer su capacidad productiva, pero también conservar los sistemas naturales que sostienen su territorio.
La pregunta decisiva no es solamente cuántas hectáreas están comprendidas en los sitios Ramsar, sino qué podrá hacerse legalmente dentro de ellas, bajo qué condiciones y quién tendrá la autoridad para decidirlo.
Mientras el Gobierno asegura que la ganadería podrá continuar, los productores esperan garantías verificables. La publicación y revisión del articulado completo será determinante para establecer si ambas posiciones pueden conciliarse o si existen disposiciones que requieren modificaciones antes de su aprobación.