Soruco , instó al ciudadano Juan  Sebastián Paz, exhibir a la opinión pública su supuesto derecho propietario y que esté inscrito en Derechos Reales y no “con simples transferencias fraguadas”.

El jurista pidió al gobernador Alejandro Unzueta, que no siga incurriendo en el delito de omisión y de incumplimiento de deberes, pues dicha autoridad política debe plegarse a la lucha, porque los terrenos del Mercado Campesino también le corresponden a la Gobernación del Beni.

"Existe un Decreto Supremo emitido por el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez, en el año 2001, donde en su artículo tercero se establece que, el derecho propietario del bien inmueble del Mercado Campesino, le sigue perteneciendo a la Gobernación del Beni", puntualizó Soruco.

Instó a la Federación de Campesinos del Beni, que apoye la lucha para evitar que bienes estatales sean expropiados ilegalmente, porque según las leyes bolivianas, es prohibido expropiar bienes del Estado.

Soruco exhibió una certificación en la cual el jefe de archivos del Tribunal de Justicia del Beni, acredita que no existe ningún proceso civil de compensación de terrenos del Mercado Campesino en dinero, iniciado por la supuesta propietaria Ana María Ribera, en contra del ex alcalde de Trinidad, Moisés Shiriqui.

Aclaró a la ciudadanía, que para que cualquier autoridad pública pueda transar, conciliar o permutar bienes estatales, necesita previamente una ley emanada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en este caso particular del Mercado Campesino, “jamás el ex alcalde Moisés Shiriqui tuvo alguna ley donde se le hubiera permitido conciliar, transar o permutar bienes municipales”, recalcó.

“Si el Juez Público 1ro. en lo Civil, abogado Rodoldo Hurtado, aprobó y homologó un acuerdo sobre los terrenos del Mercado Campesino celebrado por el ex alcalde Shiriqui y Ana María Ribera, es nulo de pleno derecho", sostuvo Soruco.

Pidió apoyo a la población trinitaria a esta acción de defensa del alcalde Cristhian Cámara y los concejales Betssy Ortiz, Víctor Fernández y Aleida Barboza, para evitar que se consume un presunto acto ilegal cometido por los vocales Charles Mejía y Marco Justiniano, que determinaron multas por Bs 5 mil y Bs 10 mil diarios a los concejales  por no aprobar un Proyecto de Ley Municipal  de Expropiación de los Terrenos del Mercado Campesino, pues no existe ninguna necesidad ni utilidad pública.

Concejala se defiende

Al respecto, Bettsy Ortiz manifestó que nuevamente ha sido notificada con una multa de Bs 170 mil, por no aprobar la expropiación del Mercado Campesino, lo que para ella es un amedrentamiento y un atropello a su dignidad y economía, ya que como concejala no gana Bs 300 mil al mes para pagar esa multa, pues la proporcionalidad de una multa tiene que estar acorde a lo que una persona gana y puede pagar y no quedarse sin el sustento diario.

Señaló que, le llama la atención, que en la notificación de la multa que se le hace, hay un memorial anexado donde es el señor Sebastián Paz quien exige que se le ‘aplique’ a su persona dicha multa, como si este ciudadano fuese funcionario del Tribunal de Justicia Departamental o de la Sala Constitucional.

"Con este accionar, se deja entrever que los vocales de la Sala Constitucional, Charles Mejía y Marco Justiniano, están violentando mis derechos constitucionales y atentando contra mi persona y mis hijos, al establecer una multa de 170 mil bolivianos", dijo Ortiz.

Mencionó que, en la acción popular interpuesta por el ex dirigente campesino Harley Limpias, ni ella ni los demás concejales han sido demandados, por esa razón no entiende el porqué de la exhuberante multa, solamente por no estar a favor de la expropiación del Mercado Campesino.