Cochabamba, conocida en otrora como la “ciudad jardín”, arrastra hoy un nuevo apodo que no necesita explicación: Suciabamba. Las montañas de basura, los olores putrefactos y la proliferación de vectores no son producto del azar ni de una mera ineficiencia técnica.

Son el resultado visible de un sistema corrupto y capturado por élites sindicales que operan desde la economía informal, blindadas por el discurso de lo “popular” y por la complicidad de autoridades en distintos niveles con intereses encontrados, sin ubicación del bien común.

Los sindicatos de comerciantes, de aseo urbano, lejos de representar genuinamente a sus trabajadores, han degenerado en grupos corporativos que ejercen poder fáctico. Controlan que se mantenga la idiotez con altos grados de dependencia, rutas, turnos, contrataciones e incluso decisiones políticas.

 Su influencia es tal que cualquier intento de reforma o fiscalización enfrenta bloqueos, amenazas o paros que paralizan la ciudad. Lo más grave, muchos de sus dirigentes han acumulado fortunas difíciles de explicar por sus ingresos observados. Propiedades, vehículos de lujo, negocios privados: todo al amparo de la opacidad.

Esta es una informalidad organizada, no una precariedad marginal. Se trata de estructuras que funcionan como Estados paralelos, con normas propias, control territorial y veto político. En lugar de avanzar hacia una gestión moderna y sostenible de residuos, Cochabamba retrocede ante una red clientelar que privatiza los beneficios de un servicio público esencial y socializa sus costos ambientales y sanitarios.

¿Qué permite este escenario? En primer lugar, la falta de transparencia. Los contratos municipales rara vez se conocen públicamente, los patrimonios de los dirigentes no se fiscalizan, y los mecanismos de control interno se ven debilitados o cooptados. En segundo lugar, el miedo político, ningún alcalde se atreve a enfrentarlos por temor a conflictos sociales y pérdida de respaldo electoral. Y finalmente, una ciudadanía resignada que ha normalizado lo inaceptable.

Cochabamba no solo está sucia por fuera; lo está también por dentro, en su estructura institucional. El problema no es la basura, es el poder que la administra. El verdadero reciclaje que urge no es el de residuos sólidos, sino el de las prácticas políticas y sindicales que contaminan la gestión pública.

¿Hay salida? Sí. Pero exige coraje político, auditorías independientes, procesos de licitación abiertos, y una ciudadanía activa que exija cuentas. También urge que los dirigentes sindicales que administran recursos públicos estén sujetos a las mismas normas de transparencia y rendición que cualquier funcionario. Solo así dejaremos de hablar de “Suciabamba” y volveremos a pensar en una ciudad limpia, justa y gobernada para todos.