Esta decisión, anula 19 resoluciones administrativas que permitieron asentamientos ilegales de comunidades interculturales en territorio T'simane y ordena la cesación de autorizaciones de desmonte otorgadas por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).

Este fallo, reconoce que los derechos fundamentales del pueblo T'simane, incluyendo la titulación colectiva, el territorio, la propiedad y la posesión ancestral, fueron vulnerados, por lo que se establece que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), otorgó tierras ocupadas ancestralmente por los t'simane de forma irregular, al margen del debido proceso y en contradicción con la normativa que protege a pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad.

Desalojo

Como parte de la resolución, se ordena el desalojo y desocupación de todas las comunidades interculturales y terceros que ocupen estas tierras, otorgando al INRA nacional y departamental un plazo de 30 días para ejecutar la medida, con apoyo de la fuerza pública si es necesario.

Además, se instruye al INRA admitir, en un plazo de 48 horas, la demanda de dotación y titulación de tierras comunitarias presentada por el Subconsejo T'simane del sector Yacuma, reconociendo su derecho a la titulación colectiva, la propiedad y la posesión ancestral.

Esta sentencia, también ordena la paralización total de desmontes y chaqueos en el área, y demanda una auditoría legal para identificar responsabilidades penales por presuntos hechos de corrupción, e incluso delitos de lesa humanidad como el genocidio, debido al impacto que estas acciones tuvieron sobre la vida y cultura del pueblo Tt'simane.

Este fallo, representa un precedente significativo en la jurisprudencia boliviana, reafirmando la obligación del Estado de garantizar la integridad territorial y cultural de las naciones originarias.