Estudiantes y docentes de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma del Beni (UAB) presentaron un trabajo de investigación y extensión universitaria enfocado en la vulneración de derechos ciudadanos y la contaminación generada por el vertedero municipal de Trinidad, ubicado a doce kilómetros del centro urbano. Denunciaron que el sitio operaría en la ilegalidad al haber vencido los plazos de cierre definitivo establecidos por la Ley 755 y advirtieron con posibles acciones constitucionales, como una Acción Popular.
En una conferencia de prensa convocada desde el ámbito académico, representantes de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma del Beni expusieron los resultados de un levantamiento de información y trabajo de campo realizado por un centenar de estudiantes, quienes analizaron el impacto legal y socioambiental del vertedero municipal de Trinidad.
Durante la presentación, se advirtió que el recinto de disposición final de residuos ha superado su vida útil, convirtiéndose en un foco de inmisiones, perturbaciones y presuntos delitos ambientales que vulneran el derecho propietario y la salud de los vecinos circundantes.
"Hicimos un pequeño trabajo de investigación, se levantó muestras de campo, se hicieron entrevistas a los vecinos circundantes, los cuales en su gran mayoría han presentado síntomas de enfermedades alérgicas en el cuerpo y la incomodidad de que no pueden permanecer en sus patios a ciertas horas del día porque el olor es insoportable", explicaron los expositores.
Incumplimiento de la Ley 755 y prórrogas indefinidas
El informe académico señala que el vertedero a cielo abierto opera de manera irregular frente a las normativas vigentes. Recordaron que la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos estableció plazos definitivos para el cierre de este tipo de botaderos, los cuales debieron concluir en mayo de 2026. Sin embargo, denunciaron que el problema ha sido dilatado sucesivamente mediante decretos ediles que declararon emergencias sanitarias sin fijar cronogramas reales de traslado.
"El municipio en aquel tiempo, con esos decretos municipales del 2022 y 2024, solamente ampliaron, lo llamaron una emergencia por salubridad y han venido ampliando sistemáticamente esa emergencia, pero nadie ha puesto una fecha límite de que se cierre eso y se traslade a otro lado", cuestionaron.
Posibilidad de una Acción Popular y acciones legales
Ante las consultas sobre las vías jurídicas para frenar el problema, los investigadores recordaron precedentes nacionales similares, como el caso del vertedero de K'ara K'ara en Cochabamba, sugiriendo que el trabajo presentado sienta las bases técnicas y jurídicas para que los afectados o los propios estudiantes impulsen una Acción Popular contra las instancias responsables por el incumplimiento de deberes y daño ambiental.
Asimismo, aclararon que la iniciativa tiene un carácter estrictamente académico y de interacción social, deslindando motivaciones políticas y recordando que el problema afecta al conjunto de la ciudadanía trinitaria. El documento y el material audiovisual completo de la investigación ya se encuentran disponibles en las plataformas digitales oficiales de la carrera de Derecho de la UAB.