A pocas horas de su reconocimiento en el Palacio de Gobierno, el fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera, dio el primer paso hacia la reestructuración del aparato de persecución penal en el país: exigió a todos los fiscales departamentales poner sus cargos a disposición y adelantó que la mayoría de ellos no continuarán en funciones.

"A los fiscales departamentales que han renunciado se les va a aceptar su renuncia. Esperamos que, de manera gentil, honesta y transparente, pongan sus cargos a disposición y, si no, vamos a tener que prescindir de la mayoría de los cargos", aseveró Urioste, marcando un quiebre directo con la estructura heredada tras la caída de Roger Mariaca.

Evaluación de informes y la consigna de la "limpieza"

La máxima autoridad del Ministerio Público enmarcó la medida dentro de un proceso urgente de "transparencia, limpieza e independencia" institucional, tras la severa crisis de legitimidad que atraviesa la justicia.

• Revisión caso por caso: Urioste aclaró que la continuidad de los operadores departamentales estará sujeta a una evaluación rigurosa de los informes de gestión y denuncias acumuladas en cada región. "El que tenga que quedarse se va a quedar y el que tenga que irse se va a ir", sentenció sin rodeos.

• Transición inmediata a Sucre: La autoridad informó que, tras la convocatoria del Órgano Legislativo y la Vicepresidencia para el acto protocolar de posesión, asumirá de forma inmediata las primeras medidas administrativas en la Fiscalía Departamental de La Paz, para luego trasladarse este martes a la sede oficial del Ministerio Público en Sucre.

La determinación de Urioste genera alta expectativa en regiones como el Beni, donde los cuestionamientos al desempeño del Ministerio Público y la retardación de justicia en casos de minería ilegal y corrupción han sido blanco recurrente de críticas ciudadanas e institucionales.