La Paz (ABI).- El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó de político el paro médico de 72 horas que se inició este martes y anunció que se verificará qué establecimientos suspendieron los servicios para aplicar las sanciones que corresponda.

“Nos constituiremos en los centros de salud, en coordinación con el Ministerio de Salud, para verificar quiénes están prestando atención y quiénes suspendieron el servicio y, de acuerdo a norma, aplicar las sanciones correspondientes. No queremos judicializar este tema, sino que se restablezca el servicio, porque están castigando a la población”, dijo Silva durante una inspección al Complejo Hospitalario de Miraflores, en la ciudad de La Paz.

El Consejo Nacional de Salud (Conasa) convocó a un paro de 72 horas que se cumple desde este martes, hasta el jueves, en rechazo al proyecto de ley 035 sobre los límites solidarios de las pensiones y la jubilación.

La autoridad remarcó que el paro es injustificado porque el proyecto de ley se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y los médicos podrían activar mecanismos constitucionales para dejar sin efecto la norma y no utilizar a la salud como factor de presión.

“Nuestra protesta es contra este paro injustificado, un paro estrictamente político, que más afecta a la población que no tiene absolutamente nada que ver con un tema político, que están gestando lamentablemente algunos dirigentes médicos”, dijo Silva.

Reprochó que se afecte a la población más vulnerable con el paro médico y enfatizó que “no se pueden suspender por ningún motivo los servicios de salud que son un derecho de la población”.

El Magisterio Urbano se volcó a las calles la mañana de este martes, tanto en la capital cruceña como en otras ciudades del país. En Santa Cruz, previo a la marcha, los maestros se concentraron en una asamblea en la que debatieron cada uno de los puntos, entre los que destacaba la 'jubilación forzosa'. 

"No es posible que a nosotros nos exijan exámenes médicos y hasta psicológicos para saber si somos aptos para trabajar después de los 65 años y a los parlamentarios, no. ¿Cuál es la diferencia?", reclamó Osmar Cabrera, dirigente del sector en la asamblea.